La Ley de Enjuiciamiento Criminal contemplará la lengua de signos en los procesos judiciales, al haberse tomado en consideración todas las aportaciones realizadas por la CNSE al proyecto de ley orgánica por el que se modifica dicha norma, para favorecer el acceso a la información de las personas sordas en este ámbito.
De este modo, se reforzarán los derechos y garantías de los ciudadanos sordos en los procesos judiciales mediante la regulación detallada de su derecho a contar con la traducción de intérpretes de lengua de signos durante los mismos, así como de medios de apoyo a la comunicación oral si lo requieren.
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